En el siguiente artículo se recoge el compromiso de España de proteger los derechos humanos mediante la aplicación de un plan de políticas que permita implementar los Principios Rectores y garantizar su cumplimiento por parte de las empresas españolas. Mediante este Plan se reafirma el acuerdo de España de proteger los derechos humanos, también frente a cualquier impacto negativo que la actividad empresarial pudiera tener sobre ellos, y de proporcionar a las eventuales víctimas de los mismos un remedio efectivo.
Con este Plan de Acción se contribuye a fortalecer la ventaja competitiva de las empresas españolas en el mercado global y ofrece a las empresas el marco óptimo para desarrollar sus operaciones empresariales, previniendo y mitigando riesgos basados en los derechos humanos y fortaleciendo sus capacidades al respecto. El Plan pretende apoyar a las empresas que ya han integrado los Principios Rectores en su estrategia empresarial a la vez que sensibilizar a las que todavía no han completado ese proceso.
Para ello, el Gobierno debe trasladar al sector empresarial de manera clara y coherente las expectativas relativas al respeto de los derechos humanos por parte de las empresas. El Gobierno desarrollará acciones de sensibilización y formación sobre los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. Las acciones de sensibilización estarán dirigidas al conjunto de personas integrantes de las empresas en los diferentes niveles de decisión, incluidos los consejos de administración y órganos directivos.
También, se llevará a cabo una estrategia de sensibilización acerca de cómo evitar las prácticas discriminatorias en las empresas públicas y privadas (por distinción, exclusión o preferencia) por razón de género, edad, origen étnico, raza, religión, discapacidad, afiliación política o sindical, orientación sexual, nacionalidad, estado civil, origen socioeconómico o cualquier otra distinción personal.
Asimismo, se promoverá el establecimiento de procedimientos de evaluación interna y determinación de la actuación de manera que se eviten otras consecuencias negativas sobre los derechos humanos. La Comisión de Seguimiento diseñará y someterá al Gobierno la adopción de un sistema de incentivos que incluya tanto a grandes empresas como a Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) que realicen políticas adecuadas en el ámbito de los derechos humanos.
Pero el Estado y la empresa no son los únicos actores. Los Principios Rectores tienen el objetivo último de corregir los vacíos de políticas públicas o de gestión empresarial que llevan a la existencia de titulares de derechos que se ven afectados por las actividades de las empresas. Estado y empresa son los actores obligados a cubrir ese vacío, pero tanto los afectados reales como los potenciales, estén organizados o no, están llamados a participar en estos procesos con un papel protagonista, para asegurar la eficacia de las medidas que van dirigidas a garantizar el ejercicio de sus derechos
Además, la divulgación, el aumento de capacidades, el diálogo, el asesoramiento, las recomendaciones, etc. en torno a los Principios Rectores no deberían suponer la continuación de una etapa teórica o de construcción, sino que deben estar siempre orientados a la acción y a los resultados. El éxito de los Principios Rectores debe poder medirse y hacerse evidente en un cambio de tendencia real en la disminución, tanto en número como en severidad, del impacto negativo de las empresas en los derechos humanos. La legitimidad de este instrumento será proporcional a la celeridad del mismo en demostrar su eficacia en la protección y prevención de los impactos y vulneraciones de los derechos humanos, así como en proporcionar un acceso eficaz de las personas afectadas a un remedio justo.
La gravedad de los impactos potenciales, es el criterio clave de relevancia para la clasificación de riesgos, aún con baja probabilidad. Los riesgos sobre los derechos humanos no pueden ser objeto de un simple análisis de coste-beneficio, que únicamente compare los costes para la empresa de prevenir o mitigar los impactos negativos sobre los derechos humanos, con el coste que afrontaría la empresa en caso de que se le pidiesen cuentas por su actuación. Requiere un análisis más profundo, aplicando en las decisiones el principio de precaución además del de prevención. La empresa debe establecer medidas específicas para integrar las conclusiones de las evaluaciones en sus procesos internos y priorizarlas adecuadamente. Con un enfoque estratégico, esto implica incluir el respeto a los derechos humanos como criterio en los procesos de decisión de la empresa y establecer los procesos adecuados de supervisión y control. Con un enfoque de gestión, se traduce en que a partir de los hallazgos de la evaluación de riesgos e impactos en DDHH, se analiza cada uno de ellos, se definen acciones que permitan prevenir y mitigar tales riesgos y se identifica quién es el responsable de llevar a cabo la acción para mitigar o prevenir. Para asegurar la eficacia de estas medidas deben asignarse los recursos y la responsabilidad de prevenir a los niveles y funciones adecuados
La eficacia se debe comprobar en los resultados, en la ausencia de impactos sobre los derechos humanos, en la identificación y gestión temprana de riesgos, en el funcionamiento de los mecanismos de reclamación y consulta, en la reparación efectiva de personas afectadas, con un peso muy importante en la percepción que las partes interesadas, especialmente las afectadas, tienen sobre todos los procesos en los que participan.
La comunicación sobre las medidas tomadas para hacer frente a los impactos negativos en los derechos humanos debe contener información útil para evaluar la respuesta de la empresa (resultado de indicadores, percepción de comunidades afectadas, objetivos alcanzados, análisis de eficacia de las medidas, etc.). Este tipo de información no debe estar condicionada por objetivos comerciales, sino presentar una imagen fiel del desempeño de la empresa.
Este sentido de oportunidad debe aprovecharse con avances concretos, pues de otro modo, si pasase el tiempo sin poder evidenciar su eficacia con resultados, los Principios Rectores y todo el proceso que lo acompaña perderían credibilidad, especialmente de cara a la sociedad civil, y con ello gran parte de su legitimidad. Este riesgo debe paliarse con valentía a la hora de tomar decisiones de cambio desde los distintos actores, particularmente Estados y empresas, y apostando, con un enfoque más amplio, por modelos de desarrollo y de negocio que favorezcan las actividades económicas sin daño.
